Se entiende por
investidura el conceder a una persona un título eclesiástico: obispo, abad o
cualquier otro. Al ser título de carácter eclesiástico, es lógico que lo otorgue
la autoridad de la Iglesia, pero no siempre era así. Es más, en no pocas
ocasiones, esos cargos los otorgaban reyes y señores feudales, para garantizarse
unas rentas económicas y el apoyo de la Iglesia.
Con este sistema
nos encontramos a personas que han sido nombrados obispos y abades por el
Emperador y, que no miran por el bien pastoral de las almas si no por el
beneficio económico de los cargos.
EL Papa Gregorio
VII quiso reformar este aspecto que dañaba a la Iglesia. Su pontificado se halla
todo el dominado por el conflicto con el emperador Enrique IV, conocido en la
historia como la lucha de las Investiduras.
En 1075, el Papa promulgó un decreto
contra la investidura, prohibiendo a todo poder secular (no eclesiástico), bajo
pena de excomunión, dar obispados. Contra este decreto la resistencia de los
señores feudales fue unánime; el Emperador de Alemania, Enrique IV, lo consideró subversivo y
revolucionario. La ruptura entre Roma y el Imperio era inevitable.
La cuestión de las investiduras no se dio solamente con el Emperador alemán,
también en otras partes de la cristiandad, la Iglesia luchaba por la
independencia del poder civil. Cuando, en Inglaterra, Guillermo II (1087-1100) y
Enrique I (1100-35) empezaron a traficar con los altos cargos de la Iglesia,
estalló el conflicto y el arzobispo de Canterbury protestó, teniendo que
abandonar el reino.
La solución
llegó siendo Papa Calixto II y Emperador de Alemanía, Enrique V. El Papa
consiguió finalmente, tras largas negociaciones con Enrique V, concluir aquel
tratado que se ha hecho famosos en al historia con el nombre de “Concordato de
Worms” (23 septiembre 1122). EL emperador empezó prometiendo reparar en lo
posible todos los daños patrimoniales que “desde el principio de esta diputa”
hubieran sido inferidos a la Santa Sede por su padre o por el mismo. Para lo
sucesivo prometía renunciar a la investidura y a permitir en todas las iglesias
pertenecientes al Imperio la celebración de elecciones libres y canónicas para
designar obispos y abades. Por su parte, el Papa admitía que, dentro del
territorio de la corona alemana, el rey pudiera asistir a las elecciones y, en
caso de elecciones dudosas, se le concedía la decisión junto con el
metropolitano de la provincia eclesiástica.
